Abogacía
y
cultura
son
las
dos
pasiones
de
nuestro
entrevistado.
Aún
recuerda
cuando
aquel
legendario
Teatro
Odeón
de
la
calle
Corrientes
de
Buenos
Aires
-en
el
que
Margarita
Xirgú,
ya
exiliada,
hizo
“Yerma”
y
“Doña
Rosita
la
soltera”-,
fue
demolido
pese
a la
oposición
de
la
gran
familia
de
la
cultura
argentina.
“Se
desprotegió
y
pese
a
que
estaba
estipulado
legalmente
que
se
debía
construir
otro
teatro,
aún
existe
un
parking
en
ese
lugar”
explica
Beltrán Gambier,
abogado
que
llevó
ese
caso
en
los
años
noventa,
conocido
en
los
manuales
de
Derecho
como
“caso
Gambier
I” o
“caso
Odeón”.
Enamorarse
de
la
cultura
española
y
del
Teatro
Albéniz
no
fue
complicado
“tras
conocer
por
la
prensa
la
situación
del
teatro;
de
alguna
forma
coger
su
defensa
fue
una
manera
de
vengar
la
memoria
del
propio
Odeón”,
subraya.
A lo
largo
de
esta
entrevista
profundizamos
en
el
derecho
contencioso
administrativo
y su
relación
con
la
cultura.
Gambier
ha
logrado
un
fallo
del
Tribunal
Superior
de
Justicia
e
Madrid
–confirmado
en
diciembre
del
2012
por
el
Supremo-
que
obliga
a la
Comunidad
de
Madrid
a
tramitar
el
expediente
de
Bien
de
Interés
Cultural
para
el
teatro.
La
sentencia
se
ha
cumplido
y el
trámite
está
en
marcha.
“Soy abogado desde 1981. Realicé mi carrera en una universidad pública argentina en la ciudad de La Plata, ahora tristemente célebre por las inundaciones. Una vez licenciado a Madrid para cursar mi doctorado en la Complutense y asistir al Seminario de Eduardo García de Enterría, con quien mantengo aún relación y también con muchos de sus discípulos. Enterría es muy querido y admirado en Argentina y mucho más desde que es un estudioso de la poesía de Borges”.
Al volver empecé a trabajar en Buenos Aires como abogado en un organismo que es como el Consejo del Estado de aquí y se llama Procuración del Tesoro de la Nación. A poco de estar allí, cuando estaba metido en el tema de privatizaciones, me convocó Juan Carlos Cassagne –maestro y amigo-, titular de un despacho especializado en administrativo al que dediqué veinte años.
“Soy abogado desde 1981. Realicé mi carrera en una universidad pública argentina en la ciudad de La Plata, ahora tristemente célebre por las inundaciones. Una vez licenciado a Madrid para cursar mi doctorado en la Complutense y asistir al Seminario de Eduardo García de Enterría, con quien mantengo aún relación y también con muchos de sus discípulos. Enterría es muy querido y admirado en Argentina y mucho más desde que es un estudioso de la poesía de Borges”.
Al volver empecé a trabajar en Buenos Aires como abogado en un organismo que es como el Consejo del Estado de aquí y se llama Procuración del Tesoro de la Nación. A poco de estar allí, cuando estaba metido en el tema de privatizaciones, me convocó Juan Carlos Cassagne –maestro y amigo-, titular de un despacho especializado en administrativo al que dediqué veinte años.
En los años noventa, siendo ya socio, nos fusionamos con un despacho internacional con clientela extranjera llamado Cárdenas, Cassagne y Asociados. Fue este bufete quien me encomendó abrir una oficina de representación en Madrid, que quedó inaugurada en marzo del 2000. Nuestros clientes españoles, entre los que se destacaban Repsol y Endesa, nos lo agradecieron.
Desgraciadamente la crisis del 2001 afectó al proyecto aunque lo pudimos mantener hasta el 2005. Como ya había convalidado mi título en el año 1981 decidí trabajar por mi cuenta y ejercer la abogacía hasta el momento que nos encontramos.
Soy administrativista y procuro conectar mi pasión por lo cultural con lo jurídico de tal forma que me he especializado en temas relacionados con el Derecho Cultural. He ganado en Argentina y en España casos vinculados con la preservación del patrimonio cultural. El “caso Gambier II” es también materia de estudio en los manuales de Derecho; con él logré paralizar una campaña de publicidad del presidente Menem (que estaba en ejercicio) por violar el principio de legalidad. Mis socios se preocuparon del impacto de este fallo, pero se tranquilizaron cuando los clientes llamaron para dar la enhorabuena por la noticia, que tuvo gran impacto mediático.
La revista Intramuros refleja esa pasión literaria. Es el fruto de una tertulia mensual que yo lideraba en Buenos Aires y en la que participaban abogados del mundo de los negocios. En cada una analizábamos un personaje de la historia. Corría el año 1993 cuando empezamos con los debates. Esto me inspiró para poner en marcha la publicación en 1994, junto a María Sheila Cremaschi, recogiendo la temática de la biografía y la autobiografía. Ahora somos una referencia internacional insoslayable en castellano sobre esta materia. Y pioneros. Hemos editado 37 números.
¿Qué valoración puede hacer del fallo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que señala a su defendido, el Teatro Albéniz, Bien de Interés Cultural?
Este
fallo,
ya
confirmado
por
el
Tribunal
Supremo,
anuló
el
acto
administrativo
del
por
aquel
entonces
consejero
del
Cultura
de
la
Comunidad
de
Madrid,
Santiago
Fisas,
que
rechazaba
un
recurso
de
alzada
interpuesto
por
la
Plataforma
de
Ayuda
al
Teatro
Albéniz
contra
la
denegatoria
del
Director
General
de
Patrimonio
Histórico
de
incoar
expediente
para
declarar
Bien
de
Interés
Cultural
al
teatro.
En su día contamos con miles de firmas y cientos de apoyos cualificados de la vida cultural española e internacional para lograr que el mencionado expediente se pusiera en marcha.
La negativa de la Comunidad de Madrid nos obligó a interponer un recurso contencioso administrativo hace más de cinco años que fue exitoso. Se anuló con argumentos muy contundentes –diría demoledores- lo decidido por el consejero de Cultura, Santiago Fisas.
Gracias a que el Tribunal Supremo rechazó el recurso e casación interpuesto por la propiedad, ahora la sentencia está en plena ejecución. Tanto mi compañera Eva Aladro, portavoz de la Plataforma e hija de Teresa Vico -que dirigió el Albéniz por 20 años-, somos parte en el expediente abierto. Yo actúo como ciudadano y como letrado. Pero en el trámite actual hay más de 70 interesados que nos acompañan, y miles de ciudadanos y personalidades de la cultura que están en el expediente originario, ahora reabierto.
¿Qué balance puede hacer de estos siete años de litigios?
Han sido siete años de trabajo muy duros. Organizamos manifestaciones multitudinarias y contamos para ello con el apoyo de la Unión de Actores. Eso fue importante al inicio para que personalidades como Pedro Almodóvar, Marisa Paredes, Aitana Sánchez Gijón, Pilar Bardem, Federico Luppi, el bailarín José Antonio y tantos otros se implicarán en la misma. El imán era este teatro mítico, emblema de la cultura de Madrid.
De forma paralela, a lo largo de los años, tramitaron los recursos administrativos y contencioso administrativos. Trabajé en ellos totalmente pro bono, es decir sin cobrar un solo euro.
Quiero decirlo claramente: la Administración no colaboró en esta gesta. Nos costó mucho conseguir que llegaran a la Justicia los expedientes que habíamos generado. Entiendo que a los poderes públicos les corresponde hacer lo necesario para preservar los bienes culturales pero realmente lo único que hicieron fue entorpecer nuestro trabajo.
Santiago Fisas, hoy eurodiputado, estaba al tanto de todo. Hablé con él varias veces. Su argumento para denegarnos las peticiones era que no se podía ir contra una sentencia del TSJM que trató la cuestión urbanística del 2003. Frente a ello le presenté un dictamen de la catedrática de Derecho Administrativo, Blanca Lozano Cutanda, en el que se dejaba claro que no había óbice legal para tramitar el BIC. No hizo caso.
Quizás lo que teme la Administración es el efecto rebote en otro tipo de instalaciones parecidas, de ahí su posición restrictiva.
Hay diferencias esenciales con el cierre de los cines en la capital de España. Estos lamentables cierres están autorizados por una cuestionada normativa del Ayuntamiento, que no hace nada por ayudarlos a sobrevivir. Esta claro que la crisis y el hábito de ir al cine conspiran contra la existencia de salas económicamente viables.
Pero hay varios sitios y espacios en el Madrid de hoy que claman por protección y lo ocurrido con el Albéniz sirve de aviso para navegantes.
¿Cuál es la situación actual del Teatro Albéniz en estos momentos…?
Se encuentra cerrado dado que la empresa propietaria está en una situación de quebranto. Es bastante posible que se lo quede el acreedor de esa empresa que es la Kutxa.
Mientras tanto nosotros estamos con la incoación del expediente para que sea declarado Bien de Interés Cultural y confiamos en que la Comunidad de Madrid tenga presente lo dicho por el TSJM y que resulten favorables los dictámenes que se están pidiendo a organismos vinculados con lo teatral y lo cultural.
El debate ahora abierto puede durar todavía unos meses.
¿Esta recalificación como bien cultural, lo sacaría de la quiebra realmente?
No
hay
una
conexión
entre
ambos
fenómenos.
La
declaración
de
Bien
de
Interés
Cultural
protege
el
hecho
cultural
sin
ser
una
protección
del
edificio,
aunque
indirectamente
si
está
protegido.
Pero
no
supone
la
asignación
de
ingresos
ni
ayudas
económicas
directas..
Si lográramos esta declaración, naturalmente se producirá una disminución del valor del teatro porque tendrá una restricción administrativa importante y ya permanente. Pero al menos despejará la actual incertidumbre y podrá venderse.
¿Es factible que el Albéniz vuelva a funcionar como hace años?
Si lográramos esta declaración, naturalmente se producirá una disminución del valor del teatro porque tendrá una restricción administrativa importante y ya permanente. Pero al menos despejará la actual incertidumbre y podrá venderse.
¿Es factible que el Albéniz vuelva a funcionar como hace años?
Ya
no
tendrá
el
apoyo
público
que
lo
hizo
grande.
Y
ello
por
la
existencia
de
los
Teatros
del
Canal.
Pero
creo
que
para
una
explotación
comercial
normal
su
ubicación
es
inmejorable
estando
a
cien
metros
de
la
Puerta
del
Sol,
centro
de
la
capital.
Estoy
convencido
que
renacerá;
cuándo
y
cómo
aún
está
por
ver..
Pese a la crisis, la actividad teatral no se ha resentido demasiado y los teatros ven como la gente acude a diferentes representaciones. El teatro es un reducto de inspiración, sosiego y provocación que no se pierde. Claro que los teatros tienen presente y futuro.
¿Qué satisfacciones en un pleito de este tipo logra un abogado como usted?
Pese a la crisis, la actividad teatral no se ha resentido demasiado y los teatros ven como la gente acude a diferentes representaciones. El teatro es un reducto de inspiración, sosiego y provocación que no se pierde. Claro que los teatros tienen presente y futuro.
¿Qué satisfacciones en un pleito de este tipo logra un abogado como usted?
La
principal
satisfacción
es
comprobar
que
el
derecho
y la
justicia
se
llegaron
a
tiempo
en
este
entrañable
caso
cultural.
Nunca
me
di
por
vencido,
pese
a
las
vicisitudes
desfavorables.
Y
tener
una
compañera
de
ruta
como
Eva
Aladro
es
algo
especial.
Ella
y
nuestros
compañeros
de
la
Plataforma
me
alentaron
siempre
en
mi
labor
profesional
que
terminó
dando
sus
frutos.
En segundo lugar tengo que estar agradecido a los profesionales que me han ayudando en este trabajo. Los procuradores que intervinieron, Mercedes Albi y Javier Fraile, actuaron pro bono. Mención especial hago de Jesús Prieto de Pedro, que además de catedrático es uno de los principales expertos en temas de derecho cultural, reconocido en Europa y América. Él comentó la sentencia del TSJM en un libro de homenaje a Tomás Ramón Fernández, uno de los grandes juristas de este país y muy buen amigo. También estoy agradedecido a Luis Ortega Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo y hoy Magistrado del Tribunal Constitucional. Ambos suscribieron conmigo el escrito inicial para tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural. Eso fue una gran satisfacción.
Además de lo cultural usted tiene una reconocida actividad cívica como fundador de Transparencia Internacional España, ¿qué novedades hay en el panorama de las relaciones de los ciudadanos con la Administración?
En segundo lugar tengo que estar agradecido a los profesionales que me han ayudando en este trabajo. Los procuradores que intervinieron, Mercedes Albi y Javier Fraile, actuaron pro bono. Mención especial hago de Jesús Prieto de Pedro, que además de catedrático es uno de los principales expertos en temas de derecho cultural, reconocido en Europa y América. Él comentó la sentencia del TSJM en un libro de homenaje a Tomás Ramón Fernández, uno de los grandes juristas de este país y muy buen amigo. También estoy agradedecido a Luis Ortega Álvarez, catedrático de Derecho Administrativo y hoy Magistrado del Tribunal Constitucional. Ambos suscribieron conmigo el escrito inicial para tramitar la declaración de Bien de Interés Cultural. Eso fue una gran satisfacción.
Además de lo cultural usted tiene una reconocida actividad cívica como fundador de Transparencia Internacional España, ¿qué novedades hay en el panorama de las relaciones de los ciudadanos con la Administración?
Justamente
ese
doble
interés
que
tengo
por
lo
cívico
y
por
el
Derecho
Administrativo
me
llevó
a
promover
dentro
Transparencia
Internacional
España
y
luego
con
la
abogacía
española,
una
línea
de
actuación
de
abogacía
pro
bono
para
apoyar
a
los
ciudadanos
que
desean
ejercer
su
derecho
a la
información
a
modo
de
activismo.
Tuve
la
satisfacción
de
conseguir
dos
acuerdos
para
plasmar
estas
ideas:
con
el
CGAE
y el
ICAM.
Estos
convenios
están
plenamente
vigentes
y
deben
ser
conocidos
por
los
ciudadanos,
tarea
en
la
que
vuestra
labor
es
invalorable.
Es fundamental que cambie la mentalidad oscurantista de la Administración, ejemplarizada en el funcionario medio español. También creo que los jueces y magistrados deben hacer un esfuerzo por estar a la altura de los tiempos.
Hace poco tuvimos un fallo del Supremo totalmente desalentador. Se trataba de un caso promovido por Access Info Europe contra el Ministerio de Justicia. Esa organización quería saber qué había hecho el gobierno en torno al cumplimiento de convenciones internacionales para luchar contra la corrupción. Ante el silencio del ministerio, ya irregular, fue necesario interponer un recurso contencioso administrativo. El caso terminó en el Supremo y el 22 de mayo de 2012 se rechazó la pretensión de la recurrente diciendo que no tenía derecho. Y además impuso el pago de 3.000 euros de costas. El magistrado ponente señala en su fallo, entre otras cosas, que “yerra el recurrente cuando indica que en España no hay una ley de acceso a la información”. Lo dice pensando en la Ley de Procedimientos Administrativos que o no tiene nada que ver, desde un punto de vista técnico y según mi modo de ver, con los estándares que ahora se estudian en el proyecto de ley de acceso a la información pública que tramita en el Congreso de los Diputados. El derecho a la información ya tenía vigencia al momento de ese fallo. La enseñanza es que hacen falta leyes claras para proteger su efectivo ejercicio.
¿Qué echa en falta entonces para combatir la opacidad de la Administración?
Contar con una Ley de Transparencia que realmente permita el acceso a la información por parte del ciudadano. Eso es fundamental. El proyecto de Ley sobre Transparencia que se está tramitando no está muy logrado y ha merecido muchísimas críticas desde la Sociedad Civil..
Hay un dato importante que queda claro en esta iniciativa, se habla del silencio negativo de la Administración si no contesta a la petición de un ciudadano. Eso que significa, en términos prácticos, que el ciudadano tiene que interponer un recurso contencioso administrativo si no le dan la información. Es absurdo. Pienso que debe haber obligación de resolver.
¿Cree que es razonable la normativa que regula las relaciones entre la Administración y los ciudadanos cuando éstos actúan en defensa del interés público?
Es
evidente
que
cuando
un
ciudadano
actúa
en
defensa
del
interés
general
debería
estar
exento
de
cualquier
tipo
de
tasa
y de
costas.
Sería
lo
lógico
y lo
justo
en
este
contexto
en
el
que
nos
movemos.
Pero
es
todavía
una
aspiración.
Le pongo un ejemplo. Si como ciudadano bregara por la preservación de un monumento histórico, este tipo de acción debe estar exenta de tasas judiciales y del riesgo de imposición de costas. La ausencia de interés personal marca la diferencia. A eso debemos llegar para animar a los ciudadanos a defender sus bienes culturales. Sentencias como la antes comentada del Supremo van en la dirección contraria.
Le pongo un ejemplo. Si como ciudadano bregara por la preservación de un monumento histórico, este tipo de acción debe estar exenta de tasas judiciales y del riesgo de imposición de costas. La ausencia de interés personal marca la diferencia. A eso debemos llegar para animar a los ciudadanos a defender sus bienes culturales. Sentencias como la antes comentada del Supremo van en la dirección contraria.
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