Entrevista a Beltrán Gambier

Se salva el Teatro Albéniz: civiNova

entrevista a uno de sus defensores

28 Junio 2011 - Ir a la noticia original

Entrevista exclusiva a Beltrán Gambier, abogado de la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz que acaba de ganar un pleito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

¿Qué significa la flamante sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación al Teatro Albéniz?

Creo que es un pronunciamiento que genera confianza en aquellos que somos operadores culturales. Es un caso líder en materia de protección del patrimonio cultural que será comentado por los especialistas en derecho administrativo de este país y por todos aquellos a los que interesa la gestión cultural.

¿Podría contarnos como se llega a este pronunciamiento?

Sí, claro. En su día la Plataforma de Ayuda al Teatro Albéniz pidió formalmente la incoación de un expediente para que se tratara la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). Para ello contamos con miles de adherentes españoles y de todo el mundo que consideran al teatro una seña emblemática de la cultura de Madrid. Grandes manifestaciones de la gente de la cultura nos apoyó. Pero las autoridades no fueron sensibles a este planteo y decidieron no incoar el expediente solicitado. La incoación suponía la aplicación de un régimen de protección que no favorecía al dueño del edificio. Contra esa decisión interpuse un recurso de alzada que fue también denegado por el entonces Consejero de Cultura, Santiago Fisas sin argumentos válidos. Esta decisión denegatoria abrió la vía contencioso administrativa que ahora culmina con esta magnífica sentencia que reconoce el valor cultural del teatro.

¿Ud. actuó como ciudadano o como letrado?

Actué en ambas condiciones. El recurso contencioso administrativo lo presentamos Eva Aladro y yo, como ciudadanos, pero yo fui, además, el letrado patrocinante de la causa.

¿Qué lo motivó a implicarse en una causa como esta?

Defendí un caso similar en Buenos Aires. Se trataba del teatro Odeón, también emblemático en la vida cultural porteña. Esa causa está todavía inconclusa. Sigo el tema aún desde Madrid. Allí también tuve que hacerle juicio al Estado Nacional argentino y lo gané de punta a punta. Pero el cumplimento de la sentencia se ha complicado.

¿Cuál ha sido la actitud del gobierno de la Comunidad de Madrid en este caso?

A mi modo de ver ha sido desacertada. Esperanza Aguirre hizo promesas formales que no cumplió en relación al teatro Albéniz. Y cuando pudo rectificar esa conducta, no lo hizo. Quien tuvo la responsabilidad de esa cadena de desaciertos fue su entonces Consejero de Cultura, Santiago Fisas, que se aferró a una postura jurídica equivocada que beneficiaba al propietario del edificio.

¿Cuál era el argumento de Santiago Fisas?

Sostenía que la apertura del expediente para la declaración de BIC era una decisión discrecional suya. Decía además que un pronunciamiento anterior de la justicia generaba un efecto de cosa juzgada que obstaba a la declaración de BIC. Sostenía, además, que los informes técnicos producidos en el expediente no justificaban la iniciación del trámite de protección. Un día conversé con él en el mismo teatro, pero no hubo caso. No pude convencerle. Fue una noche muy especial en la que la Royal Shakespeare Company representó allí Coriolanus. Luego de hacerlo todos los actores y el director firmaron una carta de apoyo a la preservación del teatro.

¿Y qué dijo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación a la postura de Fisas?

La sentencia demuele sus argumentos y acoge los nuestros. Tan contundente es el fallo que Ignacio González ya ha dicho que no recurrirá el fallo. Con ello se despeja el camino para la tan ansiada tramitación que planteó la Plataforma hace más de cuatro años. Y mientras tanto el edificio quedará protegido.

Pero el teatro está ahora cerrado. ¿Esta decisión conduce a la apertura?

La sentencia no obliga al propietario a reabrir el teatro porque eso no fue materia de la litis. Lo que el propietario no puede es demolerlo, como quería, para construir allí un nuevo edificio con un espacio teatral de una dimensión menor a la actual. Si no fuera por la Plataforma y por la crisis económica, el edificio ya hubiera sido demolido.

¿Ud. actúa pro bono en esta causa?

Si, absolutamente. Y en todos estos años he ido comentado el caso con colegas de mi especialidad, algunos de los cuales me han apoyado en el esfuerzo. Destaco en especial a los profesores Jesús Prieto de Pedro, Luis Ortega Álvarez -hoy magistrado del Tribunal Constitucional- y Blanca Lozano.

Hay una gran labor cívica que impulsamos con Eva Aladro y un trabajo profesional en el que siempre me sentí acompañado por mis compañeros de profesión a los que les interesa la cultura.